10/05/2016 EL VIGÍA
Los malos presagios anunciados tanto por el Banco de España como por la Comisión Europea son confirmados por el sector empresarial: el prolongado periodo de incertidumbre política se ha trasladado al mercado y con el parón político también se han detenido las inversiones y el buen ritmo hacia la recuperación económica iniciado en 2015. La convocatoria de unos nuevos comicios electorales para el 26 de junio lleva a pensar que la situación se prolongará, al menos, hasta finales de julio, si no es ya a agosto o septiembre. En este contexto, las patronales del transporte y la logística temen la pérdida de inversiones y una merma del consumo y, por tanto, de la actividad empresarial.
El vicepresidente ejecutivo de la Plataforma de Inversores en Puertos Españoles (PIPE), José Luis Almazán, confirma que “la inestable situación política llena de incertidumbre a todos los sectores, y en especial al marítimo-portuario, paralizando los avances conseguidos y dejando en el tintero reformas urgentes, como los cambios en el modelo de estiba y el otorgamiento de la ampliación de sus plazos a los concesionarios”. De hecho, denuncia que el parón político ha dejado en suspenso casi 2.000 millones de inversión nueva que los operadores portuarios se comprometieron a aportar a cambio de la ampliación de plazos concesionales.
La situación no sólo se percibe en el modo marítimo, sino que es generalizada en el sector. En el transporte por carretera, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) apunta que se ha detectado un estancamiento de las inversiones, sobre todo de las extranjeras, lo que a su vez está ralentizando el normal devenir de la economía por la falta de una situación política estable. “Ahora mismo, notamos una irregularidad en la demanda de transporte que reduce nuestra productividad y afecta a las cuentas de resultados”, confirma la asociación. La situación, por tanto, “es negativa para España, máxime en un momento en el que por fin parecía que la economía comenzaba a recuperarse después de ocho años nefastos”, concluyen fuentes de CETM. No obstante, como matiza Fenadismer, al tratarse de un sector con una excesiva regulación, la incertidumbre política no se traduce en inseguridad jurídica para las empresas.
No es el caso del ferrocarril, especialmente porque a final de legislatura se aprobó un importante paquete regulatorio, que ha quedado sin desarrollar. “El impasse es notorio y muy perjudicial”, reconoce el gerente de la Asociación de Empresas Ferroviarias Privadas (AEFP), Juan Diego Pedrero, que recuerda que han quedado “en el limbo” cuestiones clave sobre Renfe Mercancías. Respecto a la desconfianza que la situación genera en los inversores, Pedrero apunta: “La incapacidad de formar Gobierno por parte de nuestros representantes políticos no es el mejor de los escenarios para dar confianza a los actores económicos de un país. Sin duda, añade inseguridad jurídica a las empresas”.
Los recelos del inversor
También las empresas intermodales perciben el impacto económico negativo de esta situación. El presidente de la Unión de Operadores de Transporte Combinado (UOTC), Antonio Pérez Millán, confirma que el colectivo ha percibido una caída de las inversiones y una minoración de la actividad. “El que tenía previsto invertir, aguarda antes de hacerlo para ver qué sucede con el nuevo Gobierno”. En su opinión, el despegue que había comenzado hacia la recuperación económica se ha frenado y continuará así. “Incluso aunque volvieran las condiciones económicas de hace unos meses, el hecho de que haya habido tantas dudas e incertidumbre hará al inversor actuar con recelo. Es evidente que esta situación política va a hacer mucho daño”, añade.
La patronal de los operadores logísticos, UNO, advierte de las consecuencias en la economía de la actual coyuntura. “No conocer el color político del Gobierno y las medidas que pueda adoptar en el futuro, siempre genera inseguridad a cualquier inversión independientemente de su tamaño”, manifiesta el secretario general de UNO, Francisco Aranda. La asociación reconoce que los meses de incertidumbre política están afectando a toda la economía. De hecho, recuerda que los datos de la Encuesta de Población Activa del primer trimestre reflejan un cambio de tendencia en el mercado de trabajo, con un incremento del paro y la destrucción de empleos. “Nuestro sector es especialmente intensivo en capital y en recursos humanos y ambas inversiones se realizan cuando existe un ecosistema político que transmite confianza y estabilidad”, asegura.
Es en sectores anexos al del transporte, la logística y las infraestructuras, como el de la ingeniería, también advierten del impacto de la situación política sobre las empresas. El presidente Firex, la asociación que agrupa a las grandes empresas de ingeniería, Leonardo Benatov, reconoce que este impacto negativo no sólo se produce porque se hayan detenido las licitaciones o la inversión pública, sino porque el país en sí está parado. “El año pasado finalizó de una manera satisfactoria en términos de recuperación, pero el arranque del año está siendo incierto, no se sabe bien qué va a ocurrir y eso no está beneficiando a las empresas en absoluto. Habíamos pasado lo peor y parecía que entrábamos en una situación de positividad, pero ahora todas las instituciones internacionales revisan a la baja las cifras de crecimiento, por lo que todo esto está haciendo daño”.