12/05/2016 EL PAÍS
La abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea publicará previsiblemente este jueves las conclusiones con carácter previo a la resolución final sobre la reclamación de los empresarios a las Administraciones Públicas españolas de los intereses de demora de las facturas liquidadas a raíz de los planes de pago a proveedores puestos en marcha por el Gobierno español en 2012. El tribunal decide sobre el decreto que obligó a los proveedores a renunciar a los intereses de demora si querían cobrar sus facturas a través del fondo estatal.
En caso de que el tribunal conceda la razón a los empresarios, las Administraciones Públicas que participaron en estos mecanismos de liquidez, comunidades autónomas y ayuntamientos, tendrán que pagar a unos 230.000 proveedores los intereses de demora devengados desde 2012, que equivalen a unos 3.000 millones de euros, explican desde la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM).