14/06/2016 EL VIGÍA

La organización internacional del transporte por carretera, IRU, ha reclamado a Francia una moratoria a la ley Macron, que obligará, a partir de julio, a que las empresas transportistas extranjeras que operan en este país acrediten que sus conductores perciben al menos el salario mínimo interprofesional francés, establecido en 1.457,52 euros mensuales.

Desde la IRU consideran que los “requisitos esenciales para el cumplimiento” de esta normativa “aún no están disponibles”. “Con sólo dos semanas para que la ley entre en vigor, los operadores de transporte por carretera carecen de cualquier tipo de información práctica para cumplirla”.

En este sentido, insta a los Estados miembros de la UE y a la Comisión Europea a apoyar este aplazamiento hasta que se garantice la seguridad jurídica. “Ya en marzo de 2015, hace más de un año, expresamos nuestra preocupación por las implicaciones prácticas de la Ley de Macron”, explica el responsable de la IRU ante la UE, Michael Nielsen.

“Hace dos meses, la IRU presentó a la administración francesa más de 40 cuestiones legales y prácticas sobre la ley Macron para informar a nuestros miembros. Hasta hoy, esta solicitud de la IRU sigue sin respuesta “, explica la asociación en el comunicado, que denuncia que los transportistas se enfrentan a multas de 500.000 euros si son declarados culpables de no cumplir con las reglas.

La IRU considera que Francia debería esperar al resultado de la investigación que está llevando a cabo la Comisión Europea sobre la aplicación del salario mínimo en Alemania. En este sentido, la asociación reclama a Bruselas celeridad en esta decisión, para que concluya “su investigación tan pronto como sea posible”.