26/09/2016 EL VIGÍA
La falta de liberalización en el mercado ferroviario de transporte de mercancías ha impedido mejorar su eficacia frente al transporte por carretera. En consecuencia, pese a los objetivos de la política de la Unión Europea para la transferencia por carretera al ferrocarril, los resultados siguen siendo insatisfactorios en cuanto a la cuota modal y a los volúmenes transportados, según el informe de Transporte de mercancías por ferrocarril en la Unión Europea: todavía no avanza por buena vía, elaborado por el Tribunal de Cuentas Europeo.
Desde 2007, cualquier empresa, con licencia, puede solicitar acceso a las infraestructuras ferroviarias, reclamar un surco y ofrecer servicios de transporte en competencia con otros operadores. No obstante, la liberalización no ha sido del todo efectiva e igual en todos los estados miembros. “Los operadores predominantes siguen beneficiándose en algunos casos de posiciones más favorables y pueden existir conflictos de intereses que provoquen prácticas discriminatorias que distorsionen la competencia”. El estudio indica que en algunas ocasiones los nuevos operadores tienen dificultades para acceder a las terminales, para la adjudicación de franjas ferroviarias y de disponibilidad de material rodante. El Tribunal ha analizado cinco países: República Checa, Alemania, Francia, Polonia y España. Sólo en este último, la cuota de mercado del operador predominante es del 81%, en los cuatro restantes es del 66%.
Según los auditores, estas dificultades en la liberalización impiden que el mercado ferroviario avance. Así que recomiendan a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE que garanticen que los organismos reguladores nacionales posean, y puedan ejercer de manera efectiva, las competencias necesarias para llevar a cabo las tareas que se le asignen. Especialmente para prevenir, en colaboración con las autoridades responsables de la competencia, las prácticas anticompetitivas de los administradores de infraestructuras y empresas ferroviarias.
Otros aspectos que afectan a la competitividad del transporte ferroviario son condicionantes administrativos y técnicos. El Tribunal de Cuentas ya afirmó en 2010 que existían estas limitaciones, que incrementan el coste del transporte ferroviario y provocan que las operaciones de transporte de mercancías sean más complejas, ya que las normas y los reglamentos aplicables a los operadores ferroviarios de mercancías son consecuencia del desarrollo independiente de las 26 redes ferroviarias y de las diferencias en la interpretación y transposición del marco normativo ferroviario de la Unión Europea.
El informe indica que entre estas barreras se encuentran: los largos procedimientos de aprobación de vehículos y de expedición de certificados de seguridad para las empresas ferroviarias, lo cual da lugar a procedimientos largos y requisitos lingüísticos, ya que los maquinistas de locomotoras deben hablar la lengua del país por el que circula el tren, así que muchas veces se debe cambiar el conductor en los puntos fronterizos. También destacan los sistemas de señalización, diferentes en los distintos países, diversos sistemas de electrificación; diferencias en la longitud máxima de los trenes, que reduce significativamente la competitividad del transporte; varias categorías de carga por eje e inexistencia de un ancho de vía estándar europeo, como en el caso de España y los países bálticos, donde no pueden circular trenes con este tipo de ancho, por lo tanto deben detenerse en la frontera para transferir su carga a otros que puedan circular por las vías locales.
El documento destaca que la Comisión Europea se ha esforzado por mejorar las condiciones del transporte de mercancías, pero el espacio ferroviario único dista mucho de ser una realidad, aunque se han elaborado varios paquetes de medidas legislativas para crearlo. Con el fin de garantizar que estas condiciones se llevan a la práctica, el Ejecutivo comunitario ha iniciado procedimientos de infracción para los países que no han incorporado o aplicado correctamente la legislación de la UE en materia de transporte ferroviario de mercancías.
En el caso de España, se abrió un procedimiento de infracción por la ausencia de un sistema de evaluación del rendimiento, por la inexistencia de normas en materia de asignación de capacidades y por la falta de independencia en la gestión de los administradores de infraestructuras.