28/10/20106 EXPANSIÓN
«Hay un acuerdo belga sobre el CETA. Todos los Parlamentos (regionales) pueden ahora aprobarlo antes de la medianoche de mañana. Es un paso importante para la UE y Canadá», ha escrito Charles Michel, primer ministro belga, en su cuenta de Twitter.
Sin embargo, todavía no está todo cerrado. Los parlamentos regionales deben votar a favor de este compromiso y la semana pasada dos de ellos votaron en contra. Concretamente, el de Valonia y el de Bruselas-Valonia, que mostraron su preocupación por los estándares medioambientales, sociales y laborales que permitiría el CETA y por la creación de unos tribunales de arbitraje, a los que las empresas podrán recurrir en caso de que los Gobiernos incumplan compromisos.
La luz verde provisional ha llegado horas después de que el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, suspendiera la cumbre eurocanadiense prevista para hoy mismo, con visita incluida de Justin Trudeau, primer ministro canadiense.
Tusk se ha felicitado por «las buenas noticias del primer ministro, Charles Michel», pero ha aclarado que solo contactará con Trudeau para concertar una nueva fecha para la cumbre «cuando hayan finalizado todos los procedimientos».
Próximos pasos
Bélgica llevará ahora su propuesta a los embajadores del resto de países de la UE para que la analicen y puedan dar su beneplácito formal.
Sin embargo, fuentes comunitarias advierten de que el acuerdo «intrabelga» no va a suponer cambios ni en el texto consolidado del CETA ni en la declaración interpretativa adjunta. Se trata más bien de compromisos y garantías que la Comisión Europea ha dado a los políticos valones en los procedimientos a seguir, como, por ejemplo, la forma de elegir los jueces del tribunal de arbitraje. «No hay cambios en los textos. No hace falta que Canadá apruebe el nuevo compromiso. Es un asunto intra-europeo», aseguran estas fuentes.
Entre las concesiones que ha arrancado Paul Magnette, líder de los socialistas valones y cara visible del bloqueo al CETA, está el compromiso del Gobierno federal belga de preguntar al Tribunal de Justicia de la UE si los Tribunales de Arbitraje son compatibles con la legislación europea.