Las petroleras dicen que en España se abre una gasolinera nueva cada 36 horas

21/06/2017 EL MUNDO

La cifra de gasolineras crece un 8,5% hasta 11.188 puntos por el auge de las ‘low cost’

En España se abre una gasolinera cada 36 horas. La liberalización del mercado impulsada por la Ley de Hidrocarburos de 2013 ha disparado el número de gasolineras ‘low cost’, que ofrecen descuentos de entre cinco y 10 céntimos por litro frente al precio medio del mercado. Según un informe elaborado por las grandes petroleras, en 2016 se instalaron en el país 241 nuevos puntos de suministro y se superó por primera vez la barrera de las 11.000 gasolineras.

Lo cierto es que el número de estaciones de servicio no ha parado de crecer durante la crisis, hasta alcanzar la cifra de 11.188 a cierre de 2016. Concretamente, desde 2011 el número se ha elevado un 8,5% por el auge de los puntos independientes -es decir, fuera de la red de las petroleras Repsol, Cepsa, BP, Galp y Disa-, otros vinculados a hipermercados y una tercera categoría de cadenas de tamaño mediano como Ballenoil, Petromiralles o Repostar.

Este vuelco en el sector se ha traducido en una pérdida de cuota de mercado de grandes grupos como Repsol, que sólo en 2016 cerró 43 estaciones y redujo su porcentaje por puntos de ventas al 31,2%. La petrolera tiene bloqueada la apertura de nuevos centros en aquellas provincias donde su porcentaje de mercado supere el 30%. Cepsa se mantiene como segundo operador con una cuota del 13,8% y BP ocupa la tercera posición con el 5,71%.

En el lado contrario, el número de puntos de venta independientes ha crecido un 44% desde 2011, el de centros vinculados a hipermercados un 30% y el de gasolineras de cadenas medianas un 13%, según AOP.

La patronal de grandes petroleras denunció ayer en un informe que el incremento del número de estaciones ha ido ligado a un «aumento alarmante» de los casos de fraude en el sector. «Esto distorsiona gravemente el mercado, ya que permite ofrecer grandes descuentos a los operadores deshonestos frente a compañías que cumplen regularmente con la normativa y que no pueden competir en las mismas condiciones», señala el documento. Estas prácticas suponen un coste de 270 millones de euros para las arcas públicas, según la AOP.

El Ministerio de Energía ha mantenido encuentros técnicos con la Agencia Tributaria para investigar este fraude y estudiar posibles medidas, según ha podido saber EL MUNDO. Las petroleras piden que se modifique la Ley de 2013 que impulsó la liberalización y que se introduzcan más exigencias financieras a los operadores que quieran entrar al mercado, entre otras medidas.

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