Cotización ‘low cost’ para evitar falsos autónomos

20/09/2017 AUTÓNOMOS EN RUTA

Ante el revuelo organizado pro los últimos casos protagonizados por empresas como Deliveroo o Factoo, a la que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social resolvió descalificar, con el argumento de amparar la actividad de falsos autónomos bajo la apariencia de socios-trabajadores de una cooperativa, el Ministerio de Empleo podría estar estudiando, según diversas fuentes, desde hace meses fórmulas para dar cauce legal a estas situaciones y evitar su desplazamiento hacia la economía sumergida. Y es que algunas estimaciones cifran en España en más de 200.000 el colectivo de falsos autónomos, una situación que podría generar unas pérdidas cercanas a los 500 millones de euros a la Seguridad Social.

Estos casos han dejado al descubierto la ineficacia del marco legal actual, en el que no encuentran acomodo situaciones laborales que hoy son bastante comunes, vinculadas especialmente a las nuevas plataformas digitales o aquellas actividades por cuenta propia con carácter esporádico o que simplemente generan ingresos irregulares, que imposibilitan el poder mantener un alta continua en el Régimen de Autónomos, debido a lo elevado de las cotizaciones que se abonan en la actualidad (una cotización mínima de 275 euros mensuales). Es por ello, que una de las fórmulas que estaría estudiando el Gobierno es el establecimiento de una tarifa superreducida de cotización en el Régimen de Autónomos para amparar a los trabajadores con una actividad laboral constante en el tiempo, pero cuya escasa intensidad les impide acumular unos ingresos suficientes.

Según fuentes conocedoras de la propuesta, la aplicación de esta tarifa superreducida, cuya cuantía podría fijarse entre los 25 o 30 euros mensuales, se limitaría a los autónomos con intención de permanecer en situación de alta durante todo el año, pero que por la naturaleza o la inestabilidad de su actividad no consiguen ingresar en cómputo anual una cuantía superior al Salario Mínimo.

El estudio de esta propuesta pasa primero por establecer una viabilidad técnica de la acreditación de los ingresos anuales de los posibles beneficiarios, una tarea que no parece sencilla a priori, pero que podría solventarse permitiendo el registro de los potenciales beneficiarios para, posteriormente, chequear el cumplimiento de los requisitos establecidos con la regularidad que permitan los sistemas informáticos de la Agencia Tributaria. El sistema se complementaría con la liquidación a final de año para regularizar la cuota a pagar, en el caso de que se hubiera superado el umbral de ingresos establecido.

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