13/07/2018 TODOTRANSPORTE
Tras la reunión del pasado 10 de julio entre el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y la comisaria de Transportes, Violeta Bulc, en la que el representante español confirmó la integración de España en la Alianza por la Carretera, su intervención ante la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ayer jueves 12 de julio ha servido para matizar la posición de nuestro país al concretar que, “conscientes de nuestra posición periférica no podemos compartir algunos de los principios que los países de la Alianza están manteniendo en la negociación del ‘paquete de movilidad’, por lo que pueden estar seguros de que vamos a defender las condiciones que benefician a nuestros transportistas”.
Pese a esta aclaración, Ábalos ha reiterado que desde el ministerio “compartimos las ocho acciones incluidas en el texto de la Alianza por la Carretera firmado por los ministros de nueve países europeos el pasado 31 de enero de 2017, en particular las que se refieren a la protección social y a la lucha contra el fraude”.
En su intervención confirmó su reunión el próximo 18 de julio con los representantes del sector del transporte de mercancías, tanto de las grandes empresas como con los representantes de los pequeños transportistas, “para escuchar sus preocupaciones y así iremos forjando las prioridades para España en los aspectos sociales del ‘paquete de movilidad”.
A lo largo de su extenso discurso abordó un gran número de temas que dependen de su departamento (infraestructuras, vivienda, redes transeuropeas, cuarto paquete ferroviario, etc), y no dejó de detenerse en una de las medidas anunciadas a su llegada al ministerio que más controversia ha levantado. Se trata de la supresión de los peajes en las autopistas, con respecto a lo cual confirmó que “por una cuestión de igualdad y de equilibrio territorial, vamos a liberar los peajes de las autopistas cuya concesión acaba en esta Legislatura“, concretamente a la AP-1 entre Burgos y Armiñón, que vence el 30 de noviembre y la AP-7 entre Tarragona y Alicante y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz que vencerán el 31 de diciembre de 2019.
“Es una cuestión de equidad y de justicia con los territorios que ya han pagado sobradamente estas infraestructuras que, en otros casos, han sido sufragadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado”, explicó Ábalos para recordar que “el dejar de pagar peaje no significa que no paga nadie, sino que pagamos todos a través de los impuestos. Por ello, deberemos hacer una reflexión y sentar las bases para los costes de mantenimiento en el futuro”.