18/07/2018 DIARIO DEL PUERTO
No por esperada la noticia ha sido menos impactante. El asociacionismo logístico valenciano vivió ayer un nuevo episodio del largo serial iniciado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (y su predecesora CNC) en el año 2011 por prácticas restrictivas de la competencia en el entorno de la actividad del transporte terrestre de contenedores en el puerto de Valencia.
Tal y como adelantó ayer diariodelpuerto.com, Competencia ya ha notificado a todas las partes implicadas (ELTC, ATEIA, ANV, Transcont y Transconval) la resolución del expediente en el que da respuesta a la obligación del Tribunal Supremo de recalcular las multas impuestas inicialmente a las asociaciones mencionadas.
La notificación de Transcont y Transconval, adelantada por este Diario, llegó el pasado 12 de abril, mientras que la de ATEIA, ANV y ELTC están fechadas el pasado viernes. Este periodo de tiempo de tres meses ha servido a las asociaciones para hacerse una idea de la dirección de las nuevas multas, que prácticamente no se reducen respecto al primer cálculo de la CNMC.
Si las primeras multas de Competencia para las cinco asociaciones sumaron un total de 42.103.913 euros, los nuevos importes ascienden a 36.984.552 euros, lo que supone una reducción de apenas 5.119.361 euros.
Según el nuevo cálculo de Competencia, ATEIA y Asociación Naviera Valenciana se quedan con el mismo importe inicial, es decir, 13.144.444 millones y 3.307.783 millones, respectivamente.
La multa de Transconval, la que más se ha reducido en términos absolutos, ha pasado de 9.910.829 euros a 6.442.039 euros; la de ELTC, ha pasado de 12.692.462 euros a 11.803.990 euros y la de Transcont ha disminuido de 3.048.395 euros a 2.286.296 euros.
A partir de ahora, como era previsible, se abre un nuevo periodo de recursos y sentencias que podría prolongarse otros tantos años, por lo que la incertidumbre instalada en el asociacionismo logístico está condenada a permanecer entre los profesionales del sector durante mucho tiempo.
Carta de pago de la multa
Pero aún hay más. En el caso de ATEIA-OLTRA Valencia, por ejemplo, la notificación de la resolución de la CNMC ha llegado acompañada de una carta de pago. La asociación de transitarios va a tener que solicitar que la Agencia Tributaria no ejecute el cobro de la multa mientras que interpone el recurso contencioso administrativo a la Audiencia Nacional. Este tipo de solicitudes suelen ser contempladas si el solicitante puede conseguir avales que le cubran el importe de la multa.
Cuando se produjo la primera resolución, la Asociación no pudo conseguir ese aval pero el Tribunal accedió a que pudiera seguir el proceso sin ejecutar el cobro debido a que se justificó la imposibilidad de reunir un solo aval por parte de ninguna entidad bancaria.
En esta ocasión se espera poder repetir la misma situación porque de no ser así, si la Agencia Tributaria ejecuta el cobro y comienza los embargos, abocaría a las asociaciones a una situación de no retorno.
Fuentes consultadas han explicado a este Diario que si una asociación no pudiera hacer frente a un pago de esas dimensiones, se actuaría a continuación sobre los miembros de la Junta Directiva y, finalmente, con los miembros asociados, en diferentes proporciones.
Nuevo cálculo
La única diferencia de la resolución de este mes de julio de Competencia respecto a la que originó todo el proceso, es que en la nueva se ha detallado el cálculo para determinar cada una de las sanciones.
Como quiera que la infracción de las asociaciones está considerada como «muy grave» puede ser sancionada con una multa de hasta el 10% del volumen de negocios total de la infractora en el ejercicio inmediatamente anterior al de la imposición de la multa, esto es, 2012.
Los datos recabados por Competencia señalan que el volumen de negocios de las empresas de la Asociación Naviera en 2012 fue de 60,9 millones de euros; el de las asociadas de ELTC fue de 126,9 millones y el de las transitarias asociadas a ATEIA de 873,1 millones. Transcont declaró un volumen de 30,4 millones de euros, mientras que el de Transconval fue de 99,1 millones.
Los nuevos importes se han calculado teniendo en cuenta factores como la gravedad de la infracción, características y dimensión del mercado afectado, ámbito geográfico de la consulta, duración de la infracción, participación de las infractoras en la conducta y la concurrencia de agravantes.
El tipo sancionador para cada una de las multas es el que ha rebajado las sanciones en el caso de ELTC, Transcont y Transconval. Por lo que respecta a ATEIA y a la Asociación Naviera, la sanción propuesta en el nuevo cálculo supera a la multa original, por lo que aplicando la prohibición del principio reformatio in peius (reformar para peor), se aplica el mismo importe inicial para no perjudicar al apelante.
¿Y ahora qué?
Diario del Puerto ha consultado a las cinco asociaciones afectadas y, en todos los casos, se va a optar por presentar un recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional. En el caso de ATEIA se confía, asimismo, en qué Agencia Tributaria no ejecute la orden de cobro y que se pueda seguir el proceso judicial con normalidad.
Aunque es imposible hacer una previsión del tiempo en el que se puede prolongar la situación, hay que tener en cuenta que se trata de una resolución nueva, por lo que se inicia desde cero todo el procedimiento. Como referencia puede servir el proceso ya vivido, que se ha estirado casi cinco años desde la primera sentencia en octubre de 2013.
Temor por el futuro
Las asociaciones implicadas no ocultan su temor e indignación respecto al nuevo proceso. «¿Qué es lo que quiere Competencia, acabar con las asociaciones del sector? La nueva sentencia no aporta nada más que un nuevo periodo de incertidumbre, de remover inquietudes y de no dejar desarrollarnos como queremos», aseguró ayer a este Diario Carlos Prades, presidente de ELTC. «Por supuesto, vamos a recurrir y vamos a seguir peleando porque tenemos la certeza de que hemos hecho las cosas bien y que el trabajo de la asociación en beneficio del sector es fundamental y necesaria, tal y como confirma el creciente número de asociados».
En la misma línea se expresó también ayer Luis Rosa, presidente de ATEIA-OLTRA, quien defendió la labor asociativa y la necesidad de seguir trabajando como hasta ahora. «Los años que llevamos sobre este asunto ya han perjudicado lo suficiente a nuestro sector; el asociacionismo se ha visto muy perjudicado y nos hemos visto atados de pies y manos para poder acometer cualquier iniciativa».
Luis Rosa también explicó que sería importante revisar cómo se ha obtenido el importe de la cifra de negocios de 2012, porque en algunos casos los operadores no aportaron esos datos desagregados, sino que entregaron las cifras de todo un grupo de empresas a nivel nacional.
Asimismo, el presidente de ATEIA explicó que tanto transitarios como transportistas generan negocio entre ellos, por lo que se estaría imputando hasta tres veces (transitarios, transportistas y transportistas autónomos) un volumen de facturación que en realidad debería ser contabilizado una sola vez.
Paula Casais, gerente de la Asociación Naviera Valenciana, explicó ayer que la nueva resolución de Competencia y la multa pendiente, «no permiten desarrollar los proyectos que la ANV podría ejecutar en condiciones normales. No solo existe miedo e incertidumbre ante lo que pueda pasar, sino que además estamos gastando una gran cantidad de dinero en defendernos , lo que nos limita en otras actuaciones».
«Puede que la Naviera haya sido la que más lejos ha llegado con sus recursos y está claro que vamos a seguir trabajando hasta el final», aseguró.
Por su parte, Víctor González, presidente de Transcont, aseguró a este Diario cuando en abril se conoció la resolución de la CNMC que «la multa sigue siendo desproporcionada. Los cálculos que hemos hecho nosotros no tienen nada que ver con los que ha hecho la CNMC. Asimismo, también consideramos desproporcionados los hechos de los que se nos acusa». Para el presidente de Transcont, «somos una asociación que únicamente se dedica a hacer su trabajo con profesionalidad, tenemos una experiencia de 30 años que no se puede poner en duda».
Finalmente, Julio Antonio Salvador, presidente de Transconval, confirmó también a este Diario el pasado mes de abril, la intención de la asociación de recurrir la nueva resolución de Competencia.