20/07/2018 DIARIO DEL PUERTO

La patronal de empresas estibadoras ANESCO acaba de cerrar una importante reforma estatutaria que supone renunciar al cargo de presidente y nombrar un nuevo secretario general en la persona de su hasta ahora director gerente, Pedro García. La decisión se produce un año después de la entrada en vigor de la reforma de la estiba y con temas pendientes tan trascendentales como la aprobación del reglamento, la negociación del V Acuerdo Marco y el expediente abierto por Competencia. Sobre todas estas cuestiones toma posición Pedro García en esta primera entrevista tras su nombramiento, en la que estrena su nuevo papel como voz de la patronal.

¿Por qué ANESCO ha optado por no tener un presidente que sea directivo de alguna de sus empresas asociadas, como hasta ahora, y finalmente ha decidido designar como cabeza visible a su hasta ahora director general?
Si observamos el funcionamiento de diferentes asociaciones empresariales vemos que existen diferentes modelos válidos. Durante los últimos meses hemos trabajado provisionalmente con un esquema similar y hemos comprobado que funciona bien, por lo que ahora hemos consolidado esos cambios, de forma que nuestros órganos serán la asamblea, el comité ejecutivo y un secretario general. Con esta estructura podemos ser más eficientes, teniendo a una persona independiente, con dedicación exclusiva para la asociación y la defensa de los intereses generales de todas las empresas del sector.

¿Qué ha ganado ANESCO tras su separación de las empresas consignatarias y, a su vez, con la salida de algunas empresas estibadoras relevantes de un perfil muy concreto?
Ahora tenemos mayor unidad y cohesión. Actualmente, las empresas asociadas a ANESCO tienen una actividad y una visión similar, por lo que resulta más sencillo fijar posiciones internas y defender nuestros intereses. Creo que, por eso, tenemos más fuerza en esta nueva etapa.
Las empresas estibadoras y las consignatarias han permanecido durante años dentro de una misma asociación, fundamentalmente por inercia histórica, pero, realmente, son actividades distintas. Es lógico que cada colectivo cuente con su propia asociación aunque sigamos manteniendo muy buena relación y trabajando conjuntamente en algunos aspectos.
Por otro lado, no siempre es posible conciliar soluciones válidas para todas empresas, cuando existen compañías muy diferentes en su tipo de negocio, organización, etc. Tomemos, como ejemplo, una terminal portuaria que opera contenedores en tránsito para un único cliente y comparemos con otra compañía que obtiene una licencia para prestar el servicio de manipulación de mercancías en un muelle público operando tráficos de granel sólido. ¿Tienen siempre los mismos problemas, posibles soluciones y condicionantes?

¿Y qué ha perdido ANESCO con estas salidas?
Ingresos económicos y un porcentaje pequeño de representatividad. No obstante, las empresas actualmente asociadas a ANESCO continúan generando más del 75% de los puestos de trabajo del sector de la estiba y operan aproximadamente el 96% de los contenedores que se estiban y desestiban cada año en nuestros puertos. Esto nos permite decir que somos la patronal de referencia en el sector. También tenemos legitimación suficiente para suscribir convenios colectivos con eficacia normativa general y bastante importancia para ser interlocutores muy relevantes frente a las Administraciones Públicas.

Tras la separación, ¿son compatibles los intereses de ANESCO con los de la nueva asociación de empresas estibadoras ASOPORT?
Supongo que en unos temas iremos teniendo intereses más similares y en otros menos.
En principio, veo más posibles coincidencias en asuntos relacionados con la mejora de la gestión del modelo portuario español: concesiones demaniales, tasas portuarias, inversiones públicas o transparencia económico-financiera en las Autoridades Portuarias.
En la negociación colectiva, ASOPORT ha optado, hasta el momento, por no participar. En mi opinión hubiese sido positivo que realizasen sus aportaciones en la comisión negociadora del convenio sectorial de la estiba, puesto que todas las visiones enriquecen.

¿Qué es lo mejor del nuevo modelo de estiba?
No creo en los cambios de modelo por revolución, sino mediante evolución y respetando los derechos consolidados de todos los afectados.
Ahora las empresas no tienen obligación legal de participar en el accionariado de las empresas que se dedican a la puesta a disposición personal estibador. Esto permitirá a las compañías optar gradualmente por diferentes soluciones que antes no eran posibles. Esta era la esencia de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo que nuestro país tenía que cumplir. No se puede obligar a nadie a ser empresario, como lo hacía la anterior legislación portuaria que imponía ser accionistas de las SAGEP tras el otorgamiento de la licencia para prestar el servicio de manipulación de mercancías. El RDL 8/2017 nos permite tener una ley más estable, puesto que ahora es compatible con el Derecho de la Unión Europea.
No obstante, el nuevo marco legal de la estiba no está definido íntegramente. Falta que se apruebe el Real Decreto que, con rango reglamentario, debe desarrollar el modelo, así que, en esto, hay que recordar al Conde de Romanones: «Ustedes hagan la ley, que yo haré el reglamento».

¿Qué es lo peor del modelo?
En mi opinión, el modelo para la capacitación de los trabajadores de la estiba por el que se ha optado.
Creemos firmemente en la formación y, por ello, las empresas del sector apuestan continuamente por preparar a sus trabajadores. Es algo fundamental para la prevención de riesgos laborales y para mejorar la operatividad de las terminales. En ese sentido, el certificado de profesionalidad específico exigido podría ser una solución válida para ejercer la profesión de estibador.
Sin embargo, me parece desproporcionado requerir que dentro del programa formativo se realicen prácticas profesionales no laborales en instalaciones portuarias en los términos que reglamentariamente se determine, y que el borrador de reglamento que se está tramitando eleve el número de horas de prácticas de 80 a 660.
Creo que es desmedido imponer que todos los trabajadores, realicen la tarea que realicen bajo cualquier tipo de contrato, requieran siempre de 1.110 horas totales para obtener el certificado de profesionalidad que los habilita. No es lo mismo un gruista que un conductor de vehículos nuevos sin matricular.
Esperemos que el reglamento corrija esta cuestión. De esta forma, se está limitando la flexibilidad en las contrataciones y la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos para acceder a este sector.

¿La subrogación es un peaje o una garantía de futuro?
La subrogación convencional es un acuerdo entre trabajadores y empresas frecuente en muchos sectores. Por ejemplo, existe esta cláusula en los convenios de hostelería, contact center, seguridad, limpieza, asistencia en tierra en aeropuertos, instalaciones deportivas o atención a personas dependientes.
Suscribimos este acuerdo como garantía del mantenimiento del empleo en el sector. Finalmente se llegó a esta solución, tras meses de inestabilidad laboral, siguiendo la pauta marcada por la propuesta de mediación realizada por Marcos Peña, recogida también en el real decreto y contemplada en el reglamento que se está tramitando.
En mi opinión, la subrogación es la consecuencia natural de ser accionistas de compañías que tienen obligaciones frente a terceros, en este caso, sus trabajadores.

¿Tiene miedo ANESCO a que el proceso de abierto sobre la subrogación pueda culminar en una sanción?
La CNMC hizo público el anuncio de la incoación de un expediente sancionador. A partir de este momento, todos los contenidos que obran en el expediente están protegidos bajo el deber de secreto, según lo previsto en el art. 43 de la Ley de Defensa de la Competencia. Esta confidencialidad se impone sobre quienes intervengan en el expediente como interesados. Por lo tanto, por obligación legal, no puedo decir nada sobre este asunto.

¿Hasta qué punto si la CNMC pone en cuestión la subrogación se pueden desmoronar los difíciles equilibrios existentes en estos momentos?
Creo que hay que revindicar la importancia y utilidad de la negociación colectiva para buscar siempre soluciones.

¿Está dispuesta ANESCO a solicitar modificaciones concretas en el real decreto de desarrollo reglamentario que el anterior Gobierno no contempló? Es decir, ¿va a aprovechar ANESCO la oportunidad que ahora se abre con el cambio de Gobierno?
Nosotros ya presentamos unas alegaciones que esperamos sean atendidas, dentro del plazo establecido para ello, al texto que se está tramitando. Esa es nuestra posición y lo que defendemos, independientemente del Gobierno que haya en cada momento.
Unas alegaciones que se basan fundamentalmente en dos cuestiones.
Por un lado, proponemos contemplar algunas peculiaridades propias de este sector respecto a la legislación general de empresas de trabajo temporal (que apliquen a todas las empresas que estén en la estiba: SAGEP, CPE y ETT) para que se pueda funcionar operativamente (modelo de formalización del contrato de puesta a disposición y laboral, determinar que es causa suficiente para celebrar el contrato laboral y reducir las garantías que se imponen). En este sentido, hay que recordar que, en nuestro sector, hay pocos contratos temporales y que las empresas ya tienen avales y activos suficientes depositados ante la administración pública.
Por otro lado, insistimos en que se debe reducir el número de horas de formación práctica para capacitar profesionalmente y que se debe habilitar un mecanismo para situaciones excepcionales.
Insistiremos en ambas cuestiones.

¿Cuáles van a ser los puntos más complicados en la negociación del V Acuerdo Marco que ahora se retoma? ¿Está todo bastante claro o hay puntos de fricción en el horizonte?
En primer lugar, ambas partes tenemos que hacer el esfuerzo de adaptación al nuevo modelo legal del sector.
Creo que es fácil asumirlo a nivel conceptual, pero después es más complicado definirlo en cada aplicación práctica. ANESCO está defendiendo una serie de cuestiones que entendemos mejorarían la eficiencia y competitividad de nuestros puertos, sin menoscabar derechos laborales.
Podríamos resumir que todas nuestras propuestas tratan de incrementar la capacidad que debe tener el empresario para organizar el trabajo. No es una cuestión de salarios o condiciones de trabajo, sino de poder organizar mejor nuestras empresas.
Esto, además, tenemos que hacerlo garantizando la compatibilidad del derecho a la negociación colectiva con el derecho europeo y en defensa de la libre competencia, aunque para ello también es necesario conocer el marco legal íntegramente, por lo que difícilmente se pueden cerrar convenios sin que se apruebe el reglamento.
Por último, hay que subrayar que ambas partes tenemos que hacer el esfuerzo de alcanzar acuerdos evitando nuevos periodos de inestabilidad en los puertos.

¿Qué pide ANESCO a los sindicatos para afrontar esta negociación?
Los sindicatos tienen que estar en condiciones de garantizar que se cumplirán los acuerdos que se alcancen. Esto es básico para la confianza entre las partes. Todavía nos encontramos, en algunos puertos, grandes dificultades para la implantación de medidas operativas concretas que se han comprometido previamente.