17/09/2018 EL VIGÍA
Los mossos d’Esquadra multan desde el pasado miércoles a los vehículos pesados que infringen la restricción de circular por dos tramos de la N-340, entre Peñíscola y L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona) y entre Altafulla y Vilafranca del Penedès. Así, los conductores que infringen esta disposición, negociada por la Generalitat y el anterior ministerio de Fomento, dirigido entonces por el popular Íñigo de la Serna, deben abonar 250 euros de multa (el 50% de la sanción por pago inmediato) o, en caso contrario, el vehículo es inmovilizado hasta que la empresa propietaria del camión, o el cargador, abonan el importe de la sanción.
Los camiones de cuatro o más ejes están obligados a utilizar la autopista AP-7 en su lugar, con bonificaciones de entre el 40% y el 50% del coste del peaje, una restricción que ha provocado el rechazo unánime del sector y problemas de saturación en las áreas de descanso de esta vía, según aseguran las principales organizaciones del transporte por carretera.
En este sentido, la junta directiva de la federación de transportistas de Tarragona FEAT, insiste en que el desvío obligatorio hacia las autopistas “solo es aceptable si no comporta el pago de peaje alguno“. “La ausencia del sector del transporte en la negociación de los acuerdos y la posterior falta de interlocución de las administraciones con los transportistas es inadmisible”, afirma la organización en una nota, que añade que en los primeros días de aplicación de estas medidas se han constatado “gravísimos perjuicios, como el que muchos transportes han de realizar más kilómetros, al no tenerse en cuenta que para acceder a la autopista por el enlace más próximo ha de considerarse el sentido de la marcha. Estos rodeos perjudican enormemente a los transportistas y a las empresas locales situadas a lo largo de los tramos restringidos y puede provocar deslocalizaciones”.
La FEAT exige una “inmediata respuesta” a las administraciones públicas, tanto de la administración central como de la Generalitat de Catalunya, para convocar con urgencia al sector y tratar estas cuestiones. “En caso contrario nos veremos obligados a movilizarnos, con toda la contundencia de que seamos capaces, el día 11 de octubre de 2018”, advierten desde la federación tarraconense.