11/10/2018 NOTICIAS DE GUIPUZKOA

En el Pleno de las Juntas Generales de Gipuzkoa celebrado ayer decayeron las dos enmiendas a la totalidad presentadas por EH Bildu y PP al proyecto de norma foral por la que se regula, para los vehículos pesados de transporte de mercancías, el canon por uso de determinados tramos de las carreteras de alta capacidad A-15 y N-I, de tal modo que se posibilita la continuidad de su tramitación.

PNV y PSE rechazaron las dos enmiendas a la totalidad e impulsaron la continuidad de la tramitación, con la abstención de Podemos. De este modo se da luz verde a una norma que pretende dar una “solución provisional” a una situación de “interinidad”, según apunto la representante del PNV, María Eugenia Arrizabalaga.

Y es que con la norma en tramitación, el Gobierno foral pretende dar respuesta a la situación generada por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que anuló, el pasado mes de abril, la norma foral anterior por considerar que instauraba una “discriminación indirecta” para los transportistas de fuera del territorio de Gipuzkoa.

A la espera de que el recurso presentado por la Diputación al Supremo se resuelva, sigue en vigor la anterior norma foral, una situación que “preocupa” a la oposición.
El inicio del debate de ayer corrió a cargo de la diputada foral de Infraestructuras Viarias, Aintzane Oiarbide, que se encargó de presentar un enmarque a la norma en trámite. La trayectoria, subrayó, ha sido dilatada y tiene su génesis en la aplicación de directivas de la Unión Europea, que se han volcado sucesivamente en las normas forales.

Sorpresa
Ese camino tuvo como etapa final la norma foral que a día de hoy sigue en vigor y que, recordó Oiarbide, contó con el respaldo de la Comisión Europea, que la evaluó en aplicación de sus directrices. De ahí la “sorpresa” que provocó la sentencia del TSJV, que “interpretó” que la norma conllevaba una “discriminación indirecta” para los transportistas con origen o destino fuera de Gipuzkoa respecto a los tráficos internos.

“No esperábamos esta situación porque la Comisión Europea validó con un informe favorable un sistema de peajes acorde a su directiva y es esta misma la Comisión que paraliza los sistemas de peajes que considera que no cumplen con la misma”, añadió Oiarbide. “No hay ningún caso en el que, validado el sistema por la propia Comisión, haya sido anulado por los tribunales de un Estado”.

Ante esta situación la Diputación decidió avanzar en la búsqueda de una alternativa a la espera de la resolución al recurso del Supremo. “Respetando, que no compartiendo” la sentencia del TSJPV, la Diputación ha “tomado en consideración los aspectos que creemos que inducen a la incorrecta lectura del sistema de peajes y planteamos una nueva norma foral que modifica los tramos sujetos al cobro para evitar cualquier interpretación de posible discriminación”, valiéndose para ello de “datos reales de circulación” y de evaluaciones de expertos.

Pero los grupos de la oposición, en especial EH Bildu y PP, no lo entienden así.

Juan Carlos Cano (PP) centró sus críticas en un aspecto, los cálculos económicos. A su entender, no tiene sentido una propuesta que prevé un aumento en los ingresos por canon cuando estos solo pueden revertirse a los tramos afectados por el peaje, por lo que demandó que “se readecúe a la baja”.

El PP considera que se grava a los transportistas locales “que pagan sus impuestos en el territorio” y, aunque afirmó mantener su postura favorable al “pago por uso”, defendió que su grupo avala que se siga aplicando la norma foral en vigor.

Por su parte Iban Asenjo ( EH Bildu), criticó la falta de información respecto a la propuesta. “No sabemos, si la sentencia acaba siendo firme, cómo se plantean devolver el dinero que se ha ingresado”.

Además, EH Bildu tampoco tiene claro el destino del montante que se ingrese con un sistema de peajes que, en la N-I “afecta al 17% de transportistas de Gipuzkoa, un 56% del resto de la CAV y del Estado y un 35%, extranjeros”.

Además, al igual que Cano, Asenjo recordó que el canon no se destinará a reformas y mejoras en tramos no vinculados a su pago. “Solo un cuarto de los arreglos podrán financiarse así y el resto saldrá del bolsillo de los guipuzcoanos”.

El Pleno fue escenario de un debate que PNV y PSE valoraron en clave preelectoral. Así lo subrayó la juntera socialista Susana García Chueca, que tildó de “pura pose política” el posicionamiento de ambas formaciones, que “piden que se devuelva la norma foral porque no les gusta, pero no presentaron enmiendas parciales para cambiarla”.

María Eugenia Agirrezabalaga (PNV), defendió que la norma “aportará seguridad jurídica y garantizará el interés general de Gipuzkoa mediante la aplicación del canon al transporte pesado”.

Respecto a las críticas formuladas por “las prisas” del Gobierno foral al tramitarla, aseguró que “es lícito encontrar una solución a los problemas cuanto antes, y más cuando el objetivo es justo, que lo es”.

“Esperamos que el Supremo dé la razón a la Diputación pero si aprobamos la norma nos evitamos una preocupación”, apostilló

Juantxo Iturria, de Podemos, explicó su abstención por “coherencia” con su posicionamiento inicial y por no estar “al 100% de acuerdo” con las enmiendas de PP y EH Bildu, “lo que no significa que estemos de acuerdo con la propuesta del Gobierno”.