06/11/2018 EL CONFIDENCIAL
La Plataforma Logística e Industrial Salvaterra-As Neves (Plisan), un proyecto llamado a convertirse en el segundo mayor parque de España, con 4,2 millones de metros cuadrados, está bloqueada desde el 20 de diciembre de 2017. En esa fecha, una sentencia del Tribunal Supremo vetó la venta de parcelas en toda su superficie, un pro indiviso participado en un 60% por la Autoridad Portuaria de Vigo. Es una traba añadida para un megapolígono que sigue desierto 18 años después de que se iniciara su tortuosa tramitación, en la que se llevan gastados 130 millones de euros. El puerto vigués, dependiente del Ministerio de Fomento, no informó del duro varapalo judicial durante todo este tiempo, en el que ha seguido ofreciendo sus instalaciones a potenciales inversores.
La Autoridad Portuaria que preside Enrique López Veiga ha guardado hasta ahora silencio sobre la sentencia, que califica como “dominio público” el ámbito que pertenece al puerto en una iniciativa en la que también participan la Xunta de Galicia y la Zona Franca de Vigo. La página web de la entidad portuaria sigue describiendo la Plisan como un “complejo multifuncional dispuesto sobre un ámbito territorial de 298 hectáreas”, del que destaca sus “potencialidades de desarrollo a corto, medio y largo plazo”. Tampoco el borrador del Plan Estratégico 2018-2028 de la institución, un documento de más de 300 páginas presentado el pasado 28 de septiembre, hace mención alguna a una sentencia que pone seriamente en peligro el futuro del proyecto.
Sí fue informado del fallo el consejo de administración del puerto de Vigo, que en mayo de este año impulsó por unanimidad una posible alternativa al complejo panorama que se le presenta: la declaración de innecesariedad de los terrenos afectados. La estrategia legal, pendiente de un informe de la Abogacía del Estado que se demora desde junio, pasa por la disolución del pro indiviso constituido en 2015 con Xunta y Zona Franca para volver al modelo anterior, un condominio en propiedad compartido con el resto de instituciones. Es una metáfora de la torpeza administrativa que caracteriza la Plisan, ya que supone deshacer lo que se emprendió hace tres años precisamente para hacer frente a otra sentencia del Supremo, la que en 2010 anulaba el proyecto sectorial por incluir terrenos clasificados como “no urbanizables y de especial protección forestal”.
De dominio público e invendible
Otra muestra de la escasa diligencia administrativa que caracteriza a la Plisan es que la sentencia que tan severamente castiga el proyecto es supuestamente favorable al puerto, ya que desestima un recurso interpuesto en su día por una empresa minera que operaba en la zona. La compañía, Áridos do Mendo, apeló una orden de 2010 de Autoridad Portuaria que la obligaba al “cese inmediato de las actividades, el abandono del dominio público invadido y el restablecimiento o restitución del terreno al estado primitivo con desmantelamiento completo de las instalaciones”. Pese a dar la razón a la Autoridad Portuaria, el fallo de la Sección 3 de la Sala de lo Contencioso del TS subraya la consideración de la zona como dominio público, lo que impide en la práctica su venta.
Casi dos décadas después de ser presentado públicamente, el puerto seco no es más que un enorme terreno parcialmente urbanizado pero sin ninguna empresa asentada, que sigue devorando anualmente varios millones de euros de las distintas instituciones que lo conforman. Anunciado en su día como el mayor polígono industrial de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, está presupuestado inicialmente en 200 millones de euros, aunque su gasto será mayor. A esa cantidad hay que añadir por ejemplo unas conexiones por autopista con un coste de 28,5 millones de euros, que incluyen un ramal de 4,5 kilómetros concluido desde hace cuatro años pero cerrado al tráfico en su mayor parte. La Plisan contará además con conexión por ferrocarril, aún sin presupuestar.
Tras arrancar formalmente en 2000, y después de múltiples contratiempos judiciales, la Plisan atravesaba en la actualidad su fase decisiva, cuando se acaba de poner en marcha la urbanización de los primeros 100.000 metros cuadrados con la intención de comercializarlos ya en 2019. El pasado mayo, Zona Franca firmaba un contrato de urbanización por 7,32 millones de euros, en una operación conjunta con Xunta y Zona Franca por un valor total de 13,3 millones. Los Presupuestos del Estado de 2018 incluyen a través del puerto de Vigo una partida de 13,1 millones para impulsar las obras, a los que habría que sumar otros 5,4 en 2019.
La nueva sentencia se conoce cuando la Plisan está en negociaciones con el grupo inversor chino Bright Food, propietario de la conservera viguesa Albo, supuestamente interesado en abrir una macroplanta en la plataforma logística de Salvaterra-As Neves.