La Comisión Europea propone que los puertos españoles paguen Impuesto de Sociedades

09/01/2019 DIARIO DEL PUERTO

La Comisión Europea (CE) abrió ayer un nuevo frente con España en materia de puertos al proponer que los puertos españoles paguen Impuesto de Sociedades, pues considera que la actual exención no es compatible con el régimen comunitario en materia de ayudas estatales.

En línea con lo reclamado ya a Holanda, Bélgica y Francia, y a la par que con Italia, la Comisión Europea dio ayer a España un plazo de dos meses para que ajuste la tributación de sus puertos a las normas sobre ayudas estatales.

Según la Comisión Europea, “una exención en el impuesto de sociedades para los puertos que obtienen beneficios de actividades económicas puede suponer una ventaja competitiva cuando estos puertos operan en el mercado interior y, por lo tanto, implica una ayuda estatal que puede no ser compatible con las normas de la UE”.

En España, siempre según fuentes de la Comisión, “los puertos están exentos de Impuesto de Sociedades en lo que respecta a sus principales fuentes de ingresos, como las tasas portuarias o los ingresos obtenidos de contratos de arrendamiento o de concesión. En el País Vasco, incluso, los puertos están totalmente exentos del Impuesto de Sociedades”.

En Italia, también advertida ayer por la CE, los puertos están totalmente exentos del Impuesto de Sociedades.

Ya en abril de 2018, la Comisión informó a España y a Italia de sus reservas en relación con los regímenes tributarios aplicables a sus puertos.

Ahora, tras las alegaciones pertinentes, la Comisión concluye, con carácter preliminar, que tanto en Italia como en España los regímenes tributarios vigentes conceden a los puertos una ventaja selectiva que puede vulnerar las normas de la Unión Europea sobre ayudas estatales.

Por tanto, la Comisión invitó ayer a España y a Italia a adaptar sus normativas para garantizar que los puertos, a partir del 1 de enero de 2020, contribuyan al Impuesto de Sociedades de la misma forma que las demás empresas en ambos países, dando un plazo de dos meses para actuar y tomar las medidas pertinentes.

En los últimos años, la Comisión ha exigido también a los Países Bajos, Bélgica y Francia que eliminen las exenciones en el Impuesto de Sociedades para sus puertos.

Para la comisaria Margrethe Vestager, encargada del área de Política de Competencia, “los puertos son infraestructuras clave para el crecimiento económico y el desarrollo regional. Por ello, las normas de la UE sobre ayudas estatales permiten un amplio margen para que los Estados miembros apoyen a los puertos e inviertan en ellos. Al mismo tiempo, con el fin de garantizar una competencia leal en toda la UE, los puertos que generan beneficios a partir de sus actividades económicas deben tributar de la misma forma que otros operadores económicos, ni más ni menos”.

Cuando se considere que una ayuda existente vulnera las normas de la UE sobre ayudas estatales, la Comisión, como primer paso, informa al Estado miembro sobre sus reservas. A la vista de la respuesta, la Comisión puede después proponer medidas adecuadas para adaptar la medida a las normas de la UE sobre ayudas estatales, caso de lo realizado ayer con España e Italia.

Si finalmente España no acepta esta propuesta, la Comisión puede decidir, como tercer paso, iniciar una investigación en profundidad para verificar la compatibilidad de la ayuda existente. Si la Comisión concluye que el régimen no es compatible con las normas de la UE sobre ayudas estatales, puede exigir a España que ponga fin al régimen de ayudas que falsea la competencia en el mercado único.

Según la Comisión Europea, “eliminar las ventajas fiscales no justificadas no supone que los puertos no puedan seguir recibiendo apoyo del Estado”.

De acuerdo con la referencia hecha pública ayer por la Comisión, “los Estados miembros cuentan con diversas posibilidades de apoyo a los puertos que se ajustan a las normas de la UE sobre ayudas estatales, por ejemplo, con el fin de alcanzar los objetivos de la UE en materia de transporte o de poner en marcha inversiones de infraestructura necesarias imposibles sin ayudas públicas”.

Según la normativa comunitaria actual, “los Estados miembros pueden ahora invertir hasta 150 millones de euros en puertos marítimos y hasta 50 millones de euros en puertos interiores con plena seguridad jurídica y sin verificación previa de la UE”, afirma la Comisión.

265 millones de resultado exentos del Impuesto de Sociedades
De acuerdo con el artículo 41 del Texto Refundido de la Ley de Puertos, las autoridades portuarias y Puertos del Estado son organismos parcialmente exentos del pago del Impuesto de Sociedades (IS), que en España tiene por regla general un tipo de gravamen del 25% a aplicar sobre una base imponible que no es estrictamente el resultado del ejercicio, sino lo que se conoce comúnmente como resultado fiscal al añadirse al resultado contable conceptos y variables como las amortizaciones.

De los 1.126 millones de euros de ingresos que tuvo de cifra de negocios el sistema portuario en 2017, algo más de 1.000 estarían exentos del IS de acuerdo con las referencias a las tasas apuntadas ayer por la Comisión Europea, es decir más del 90% de los ingresos. El resultado fue en 2017 un total de 265 millones de euros de beneficio, cuyo 25% serían 66,2 millones, si bien para calcular el impuesto habría que tener en cuenta entre otras variables 430 millones de euros de amortizaciones.
Los impuestos sobre beneficios abonados por el sistema portuario ascendieron en 2017 a 0,4 millones de euros.

 

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