07/02/2019 EL VIGÍA
La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) ha advertido a los responsables de la toma de decisiones en la UE que los primeros objetivos de CO2 propuestos solo podrán alcanzarse “si van acompañados de las medidas adecuadas para abordar los retos estructurales a los que se enfrentan tanto fabricantes de camiones como operadores”. Las negociaciones finales sobre las normas de emisión de CO2 para camiones tendrán lugar la próxima semana entre el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo.
Los fabricantes de camiones rechazan la introducción de cuotas de ventas obligatorias, como propone el Parlamento Europeo, por considerarla “extremadamente arriesgada”. La imposición a los fabricantes de la obligación de fabricar una cierta cantidad de vehículos de emisiones cero “no garantizará la aceptación en el mercado, especialmente dada la falta de infraestructura y otros obstáculos, como la pérdida de carga útil y el alcance limitado”, afirma la organización.
Erik Jonnaert “Lo que pedimos como parte de este reglamento es un marco eficaz de medidas de apoyo tanto para los fabricantes como para los operadores de camiones para garantizar que los ambiciosos objetivos de CO2 que pronto se adoptarán resulten alcanzables en la práctica”
“En los últimos años, los miembros de la ACEA han trabajado duro para reducir las emisiones de CO2 de los camiones y, por supuesto, siguen plenamente comprometidos a seguir haciéndolo”, asegura el secretario general de ACEA, Erik Jonnaert. “Sin embargo, es esencial que se tenga en cuenta los largos ciclos de inversión de los fabricantes, los escasos márgenes de los operadores de transporte, así como la ausencia de infraestructura de recarga y reabastecimiento de combustible para los camiones de propulsión alternativa”, apunta.
De hecho, cumplir los “ambiciosos” objetivos de CO2 de los camiones propuestos para 2025 y 2030 sólo es posible si la aceptación por parte de los clientes de camiones de bajas emisiones aumenta “drásticamente” en unos pocos años, según ACEA. Hoy no existe en la UE ningún punto de recarga pública adecuado para camiones eléctricos o de hidrógeno, “ni existe un plan de acción claro para el despliegue de esta infraestructura en un futuro próximo”.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Unión Internacional de la Carretera (IRU), para quien el nuevo reglamento europeo no puede obligar a los fabricantes a tomar decisiones de inversión que no son rentables. “Las normas de CO2 no deberían dar lugar a un desplazamiento de la inversión hacia vehículos más pequeños y menos eficientes, más fáciles de electrificar, pero que aumentarán la congestión en las carreteras. Sacrificar la carga útil y la autonomía no es una opción para la mayoría de los operadores de transporte por carretera”, apunta Matthias Maedge.