21/02/2019 EL MERCANTIL
La comisión de Fomento del Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad una proposición no de ley presentada por el grupo socialista en la que “insta al Gobierno a utilizar los instrumentos jurídicos necesarios para completar el régimen jurídico de la estiba”. Por su parte, la Asociación de Empresas Estibadoras (Anesco) ha calificado de “positiva” esta proposición, que supone “un paso adelante en la necesaria consecución de un marco legal que otorgue seguridad jurídica a esta actividad económica”.
El portavoz del grupo socialista en esta comisión, César Ramos, ha reconocido que, a pesar de que la problemática de la estiba no está resuelta, “es un sector que no hace ruido y a día de hoy está relativamente calmado, pero no se le ha dado una solución definitiva”. Ramos ha explicado que tras la aprobación del real decreto que daba cumplimiento a la sentencia emitida desde Europa sobre la estiba, “quedó pendiente a la aprobación de un reglamento”, cuestión que debe agilizarse. “Este desarrollo reglamentario ha encontrado dificultades en su tramitación, encontrándose pendiente de valoración por parte de la Comisión Europea sobre el alcance del mismo”, recoge la proposición no de ley aprobada por los parlamentarios de PSOE, Ciudadanos, PP y Podemos.
“Resulta esencial y urgente completar la regulación incluida en el Real Decreto-ley 8/2017”, continúa la proposición, “con el objetivo de conjugar los principios de libertad de contratación con los derechos de los trabajadores, de manera que se produzca un tránsito ordenado a un nuevo marco en el que la aplicación de los principios del Derecho de la Unión Europea inspiradores de la libertad de competencia se lleve a efecto sin menoscabo de los derechos laborales básicos de los trabajadores y, sobre todo, sin merma del empleo en el sector”.
Además, el texto aprobado por unanimidad también incide en la necesidad de “regular a través de una modificación de la ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, las especificidades del sector”. El objetivo de esta modificación legislativa, que debe tener rango de ley, no es otro que evitar “cargas burocráticas innecesarias o que se impongan obligaciones desproporcionadas”, aunque debe mantenerse “el máximo rigor en los requisitos a exigir a los centros portuarios de empleo y otras empresas de trabajo temporal que desarrollen su actividad en el ámbito de la estiba”.