15/03/2019 TRANSPORTE XXI

Los puertos españoles no han conseguido resolver la tramitación del 84 por ciento de los proyectos de ampliación del plazo de las concesiones, presentados en julio de 2015 al amparo de la nueva legislación aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy un año antes a través de un Real Decreto-ley. Sólo un 16 por ciento de los expedientes ha tenido el visto bueno de Puertos del Estado. Es decir, 51 de las 324 solicitudes presentadas, según el balance facilitado a TRANSPORTE XXI por el organismo público que preside Ornella Chacón.

Hay que recordar que desde julio de 2014, la legislación permite alargar los plazos concesionales hasta un máximo de 50 años a petición del concesionario, y previo informe favorable de Puertos del Estado. Eso sí, siempre que el operador se comprometiera a una nueva inversión, contribuyera a la financiación de las infraestructuras de conexión terrestres o redujera al menos un 20 por ciento las tarifas máximas incluidas en el título concesional.

De acuerdo a estas obligaciones, las autoridades portuarias recibieron en julio de 2015 un aluvión de solicitudes. En total, 324 peticiones de concesionarios, que agrupaban un volumen inversor próximo a los 1.634 millones de euros.

Cuatro años después, sólo un 16 por ciento de los expedientes han sido aprobados, bajo un volumen de inversiones de 237 millones de euros, de acuerdo a los compromisos de los concesionarios con sus respectivas autoridades portuarias. Esto supone que alrededor de 1.400 millones de euros de inversión siguen atascados en el seno de la burocracia portuaria, aunque una
parte de los privados sí que ha realizado actuaciones en los puertos, fruto de la evolución de la actividad en los muelles españoles.

Entre los expedientes atascados están algunas de las principales inversiones anunciadas por las multinacionales del sector que operan en España.

Es el caso de APM Terminals, con proyectos en los puertos de Barcelona, Bahía de Algeciras y Valencia. En el caso del puerto catalán, la solicitud prevista por la terminal de contenedores de la multinacional danesa fue el gran proyecto inversor presentado en el marco de este programa abierto por el Gobierno para dar oxígeno a los concesionarios de los enclaves españoles.

Bajo un presupuesto de 256 millones de euros y la petición de una prórroga de 12 años se anunció la automatización integral de la terminal, cuya concesión vence en 2028.

Asimismo, de acuerdo a la información facilitada por Puertos del Estado a TRANSPORTE XXI, hay diversos proyectos energéticos, liderados por empresas como Vopak, Enagás o Endesa, pendientes de formalizar su tramitación definitiva, así como de varias terminales de contenedores que solicitaron más años de concesión ante la realización de nuevas inversiones en equipamiento en sus instalaciones.

La tramitación de los expedientes de ampliación de plazo de las concesiones portuarias es una de las principales reivindicaciones de la plataforma PIPE, formada por los principales inversores que operan en España, una reclamación que volvieron a efectuar a la dirección de Puertos del Estado en una reciente reunión, según han explicado a TRANSPORTE XXI fuentes conocedoras de este encuentro.

PIPE trató de arrancar en esta reunión un compromiso con Puertos del Estado para agilizar los trámites, aunque desde el organismo público no se ha desvelado si se procederá a priorizar los expedientes en los próximos meses.

Junto a este asunto, PIPE defiende la necesidad de ajustar las tasas aplicadas a los concesionarios y la conveniencia de abordar un cambio en el modelo portuario frente a los nuevos retos que demanda el sector.

La plataforma de inversores entiende que la rebaja de las tasas portuarias “supondría un gran impacto en términos de PIB y en la creación de puestos de trabajo, induciendo a un aumento de los tráficos y las exportaciones debido a la reducción de los costes”.

Hay que indicar que la ampliación de los plazos de las concesiones, además de homogeneizar su duración con el resto de los países de la Unión Europea, tenía como objetivo estimular a la iniciativa privada, aunque la fórmula elegida por Puertos del Estado fue acogida con recelos iniciales por los concesionarios.

Desde el sector, patronales como Anesco, habían venido solicitando un paréntesis en los plazos concesionales. El objetivo era haber permitido enjugar las pérdidas de los años de crisis, ante una caída de los tráficos que desbarataron los planes de algunas empresas y que esto se hiciera sin contraprestaciones.

Hace cinco años, tras la presentación de la modificación legal, el Ministerio de Fomento estimó que la ampliación de los plazos y los recursos aportados por las empresas generarían una inversión adicional de entre 150 y 200 millones de euros anuales, incrementando la competitividad de los puertos y reduciendo los costes logísticos.

Junto a esto, la tramitación de los expedientes de ampliación de plazo fue clave para que se cerraran operaciones de compra. Grupo TCB se vendió a APM Terminals en marzo de 2016 por alrededor de 1.000 millones de euros y el 51 por ciento de Noatum Ports al gigante chino Cosco Shipping Ports por 203 millones de euros en junio de 2017.