21/05/2019 CdS

Las últimas palabras de la directora general de Transporte Terrestre evidenciarían que el Gobierno no puede apoyar la eliminación de una cláusula que también está presente en otros muchos sectores económicos.

Tradicionalmente, el Ministerio de Fomento ha sido el gran valedor del transporte ante otros departamentos y frente a otros actores de la cadena de suministro, como puede comprobarse en el caso de las 44 toneladas, aspecto en el que Fomento, tanto con la anterior Administración, como con la presente ha venido defendiendo que el visto bueno para la circulación de estas composiciones no puede hacerse sin la aquiescencia del sector.

Sin embargo, esta misma situación no se da con la eliminación del ‘salvo pacto en contrario’ en la contratación del transporte, una cláusula que nunca ha gustado al sector y que en la práctica permite que se produzcan situaciones poco claras en las que las empresas de transporte se ven obligadas por la fuerza de los hechos a realizar labores que no forman parte del propósito inicial para el que habían sido contratadas.

De hecho, en la última asamblea de Conetrans, la directora general de Transporte Terrestre no incluyó este punto concreto en su discurso, pese a que el presidente de la organización, Carmelo González, sí que lo mencionó expresamente en su listado de peticiones para la Administración, como parte esencial de los doce puntos que pidió el sector en diciembre del año pasado.

Sea consciente o no el olvido del pacto en contrario, lo cierto es que el ‘lapsus‘ evidencia las dificultades jurídicas que presenta una posible eliminación de una cláusula, la del libre (aunque en la práctica no lo sea) acuerdo de las partes, que es moneda común en la contratación mercantil a nivel internacional e independientemente del sector económico de que se trate y que incluso constituye una parte esencial del modelo económico de las economías de mercado.