30/03/2020 EL MERCANTIL
El Gobierno está trabajando en un real decreto para reducir las tasas portuarias para apoyar a las empresas marítimo-portuarias y para favorecer las condiciones del comercio exterior. Se prevé que la aprobación de esta normativa sea inminente para mitigar el impacto económico del coronavirus.
Así lo ha comunicado Puertos del Estado a la presidenta de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Mercè Conesa, que recientemente remitió una carta a Puertos del Estado para solicitar esta medida. Concretamente, Mercè Conesa defendía en su escrito una rebaja de entre el 15% y el 20% en la tasa de ocupación y también reducciones en las de actividad y buque. El puerto de Barcelona fue el primero del sistema portuario en anunciar e impulsar actuaciones para reducir el impacto económico del coronavirus en su comunidad portuaria, incluso antes de que se aprobara el estado de alarma. La autoridad portuaria ya está acelerando el pago a proveedores y aplicando políticas para favorecer la liquidez de las empresas. Sin embargo, resta a la espera del inminente real decreto para aplicar las rebajas que en él se planteen.
Las medidas previstas hasta ahora han estado más encaminadas al aplazamiento de tasas
Hasta ahora, las medidas previstas por Puertos del Estado para aliviar el alivio económico en la crisis del coronavirus estaban más encaminadas a aplazamientos en dichas tasas. De hecho, en la guía remitida por el organismo recientemente a las autoridades portuarias se refería al “aplazamiento del ingreso de la deuda tributaria correspondiente a todas aquellas declaraciones-liquidaciones de tasas portuarias, cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del decreto de estado de alarma y mientras dure la situación de emergencia”. En cuanto a posibles bonificaciones en las tasas portuarias para adecuarlas a la actual situación, la guía sostiene que “se abrirá un periodo de modificación de los planes de empresa de las autoridades portuarias para modificarlas y adaptarlas”.
Asimismo, alentaba la reducción temporal de la exigibilidad de tráficos mínimos de 2020. El documento de Puertos del Estado abría también la puerta a “la posibilidad de conceder préstamos a las autoridades portuarias que justifiquen necesitarlos sobre todo en relación con aquellos gastos derivados de las medidas de ayuda a los trabajadores del sistema portuario, dirigidas a paliar los efectos de la crisis del Covid-19”.
