08/07/2020 REVISTA TRANSPORTE AL DÍA
La pandemia de COVID-19 y la crisis económica vinculada a la misma han puesto de relieve los graves problemas que arrastra el sector del transporte de mercancías por carretera. Entre los mismos destaca la crítica situación que hay en torno a los plazos de pago, la normativa que los regula y el continuado incumplimiento de los mismos en el sector. Por esta razón, es de vital importancia cambiar el reglamento y seguir los pasos de Francia, país que ha impuesto condiciones de pago a 30 días en el transporte.
Mientras que en España el plazo de pago en el sector transporte por ley es de 60 días, con un plazo medio de pago real de 89 días y un incumplimiento de la Ley de Morosidad en el 75% de las transacciones, en Francia han atajado esta situación de raíz. No obstante, con los distintos apéndices añadidos al artículo L 441-6 del Código de Comercio francés, el Ejecutivo galo ha regulado un gran número de las disposiciones específicas para el sector transporte. Entre las mismas, las condiciones de pago en Francia, fijando el plazo de pago en 30 días.
En el texto diseñado por el Gobierno francés se puede leer que los contratos firmados con empresas de transporte tienen un plazo imperativo para la liquidación de los servicios de 30 días a partir de la fecha de emisión de la factura, estando afectadas por medida todas las empresas de transporte de mercancías por carretera. A su vez también se ven beneficiadas por esta medida las empresas y arrendatarios de vehículos con o sin conductor, los transportistas, agentes de transporte y de carga aérea y los agentes de aduanas.
Más allá de reducir el plazo de pago a 30 días, algo de lo que debería tomar ejemplo España, el punto clave de esta normativa pasa por las sanciones dispuestas. Los incumplimientos en los plazos de pago previstos en el artículo L 441-6 del Código de Comercio se castigan con multas de 15.000 a 75.000 euros. Gracias a esta posición tajante del Gobierno, en Francia el plazo medio de pago real es de 21 días y sólo el 4% de las empresas cobran a más de 60 días, lo que al final repercute en la sostenibilidad del sector. Mientras tanto, España mira para otro lado.
