24/07/2020 EL ECONOMISTA

El Ministerio de Transporte ha reabierto el melón de la fiscalidad energética y el diseño de un sistema que garantice el mantenimiento futuro de la red de carreteras, lo que, previsiblemente, supondrá debatir sobre la eventual articulación de un peaje en las autovías o de la euroviñeta.

El departamento de José Luis Ábalos acaba de someter a consulta pública la futura Ley de Movilidad sostenible en la que anuncia como primer punto una reforma de la fiscalidad aplicada a las fuentes de energía y los medios de transporte, en línea con el objetivo de reducción de emisiones que marca el proyecto de Ley de Cambio climático y el programa nacional de control de contaminación atmosférica.

Esta medida supone volver a abrir las opciones de un incremento de la fiscalidad para los vehículos diésel, en línea con los planes que maneja la Unión Europea y que podrían comenzar a conocerse también después del verano.

La Comisión Europea está preparando una reforma de la directiva de fiscalidad energética con la intención de penalizar los combustibles más emisores para que estén alineados con los objetivos climáticos para la descarbonización. Una medida que además ha tomado fuerza después de que durante el año pasado las emisiones del transporte se hayan incrementado, tal y como se ha encargado de atestiguar la Agencia Europea del Medio Ambiente después de varios años de constantes reducciones.

El Gobierno además ya planteó una subida de los impuestos al diésel en su proyecto de Presupuestos para el año 2019 pero fueron rechazados por el Congreso y ya en la anterior legislatura desde el Ejecutivo se insistía en que se iba a trabajar para equiparar la fiscalidad de ambos carburantes como medida de estímulo de una movilidad más sostenible.

De hecho, incluso la actual vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, justificó este incremento en que son «muy claros los informes reiterados de la OCDE y de la Comisión Europea» sobre el hecho de que España tiene una fiscalidad ambiental inferior a la media, por lo que abogó por «incentivar comportamientos compatibles con el medio ambiente».

Tras el pacto alcanzado además esta semana para inyectar en la economía española 140.000 millones de euros, la Unión Europea ha pedido a España que siga las directrices fiscales que les vienen planteando desde hace cuatro años y entre las que figura también el aumento de la fiscalidad ambiental

La equiparación de los impuestos entre el diésel y la gasolina supondría un aumento de la recaudación del Estado de 2.393 millones de euros anuales, según estima la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIRef), que afirmó ayer que esta diferencia impositiva sí ha alcanzado su objetivo de fomentar el gasóleo en las últimas décadas.

En su primer estudio de la segunda fase del Spending Review comprometido con la UE, la AIReF ya tiene en cuenta para esta estimación de recaudación extra que la equiparación entre ambos carburantes desencadenaría una caída de la demanda del diésel del 5,7%, ya que su precio se elevaría un 7,72% respecto al actual.

Transporte urbano

La nueva normativa abordará también cómo incorporar al ordenamiento jurídico los preceptos que permitan establecer un sistema de financiación del transporte urbano basado en criterios estables, predecibles y proporcionales, de forma que se logre un funcionamiento correcto de los distintos sistemas y se minimice la incertidumbre en la financiación anual de los costes de funcionamiento.

El departamento de José Luis Ábalos además prevé desarrollar la regulación necesaria para asegurar la coherencia del sistema de ayudas y subvenciones en materia de movilidad que otorgan las distintas Administraciones públicas, eliminando posibles duplicidades y aumentando su eficacia.

El Gobierno establecerá las bases para garantizar una planificación rigurosa de las infraestructuras de transporte, que aporte certidumbre a los operadores, así como criterios de priorización para las inversiones que acometa el Estado.

En materia de logística, el ministerio quiere abordar sistemas de incentivos ligados a medidas de sostenibilidad que promuevan la reducción de costes externos del transporte, fomentando el trasvase de las mercancías hacia modos más sostenibles como pueda ser el tren. La nueva norma pretende también avanzar en la digitalización de la cadena logística y de suministro como pueden ser la creación de ventanillas únicas digitales.

La consulta previa estará abierta hasta el próximo 30 de octubre para facilitar la participación del sector y presentar antes de acabar el año el primer borrador de la Ley.