Así, en el proyecto de la Ley General de Presupuestos de Navarra para 2021 se prevé la eliminación del régimen de tributación y su sustitución por un nuevo régimen de estimación directa denominado especial, ya que prevé una deducción a aplicar sobre el rendimiento neto final, pero limitando a su vez los gastos con derecho a ser incluidos, sin permitir descontarse el importe de las amortizaciones, ni las operaciones de leasing o renting, entre otros.

Dicha propuesta ha sido objeto de rechazo absoluto por parte de los sectores afectados, en especial de los colectivos de autónomos de la agricultura, la ganadería, la hostelería, el turismo y el transporte, cuyas asociaciones representativas han establecido un frente común, pidiendo una reformulación de esta propuesta por los perjuicios que puede ocasionar a la economía de dichos colectivos.

Así en un escrito conjunto suscrito por la asociación navarra de transporte ANET (integrada en Conetrans), junto con las asociaciones Tradisna (transporte), UAGN (agricultores), AENH y ANAPEH (hostelería) han demandado al Gobierno foral un período de adaptación para facilitar a los sectores más afectados del tiempo necesario y prudencial que permita habituarse a los cambios que en la gestión contable implica esta nueva tributación, así como flexibilizar la entrada en vigor de la norma con criterios de prudencia, efectividad y consenso sectorial.

Aumento de la presión fiscal sobre los transportistas autónomos

En concreto, el escrito denuncia que, si bien “dichas medidas se planteaban como una apuesta por el relanzamiento económico estos momentos de crisis por la covid-19, sin embargo, implican, en numerosos ejemplos estudiados, un incremento de la presión fiscal generalizado y por tanto no constituye una herramienta para salir fortalecidos de esta crisis, sino todo lo contrario”, manifiestan las organizaciones. “Asimismo, la aplicación de este nuevo sistema de tributación obligará a una mayor carga administrativa y de trabajo al autónomo empresario en su gestión del negocio y en caso de que decida externalizar la gestión de la contabilidad, un mayor coste económico. Esta circunstancia afectará especialmente a los pequeños negocios, precisamente los más vulnerables”, aseguran.

Desde las organizaciones entienden que no se ha realizado la transición en base a un procedimiento participativo, sino que se ha presentado un proyecto de Ley incluyendo la medida de eliminación del sistema de módulos por un sistema de estimación directa simplificada especial sin explicar a los distintos sectores cómo se ha gestado y las fuentes utilizadas para la determinación del rendimiento previo y del porcentaje de gastos de difícil justificación. Dicho cambio no ha sido consensuado con las organizaciones profesionales firmantes, ni se ha establecido un diálogo transparente donde se hayan aportado las fichas técnicas y estimaciones económicas que evalúen el impacto de estas nuevas medidas sobre la recaudación y la presión fiscal para las familias.

Asimismo, las organizaciones firmantes manifiestan su total oposición a que se considere al régimen de estimación objetiva como objeto de la lucha antifraude, teniendo en cuenta la historia fiscal de este sistema que ha permitido poder garantizar la recaudación y facilitarla en todo el territorio y en sectores concretos que, por su actividad, hubieran tenido dificultades con sistemas más complejos.