26/11/2020 DIARIO DEL PUERTO
Las empresas estibadoras del puerto de Bilbao consideran agotadas todas las vías de negociación, con y sin mediación, y proponen un arbitraje de derecho obligatorio como «única y definitiva alternativa» para la resolución del conflicto.
Las empresas que conforman Bilboestiba CPE han emitido hace apenas unos minutos un comunicado en el que afirman que, dada «la posición sindical sostenida» durante las 25 reuniones celebradas desde diciembre de 2019, «no cabe la mediación propuesta a instancias de los convocantes de la huelga en un conflicto planteado desde la defensa de argumentos contrarios a derecho y ajenos a las materias propias de la negociación colectiva para las que se encuentran legitimadas las partes».
Bilboestiba ha agradecido las gestiones del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y recuerda que su voluntad ha sido siempre «apostar decididamente por el diálogo y la negociación colectiva» con el objetivo de mantener una «adecuada prestación de este servicio portuario esencial para el Puerto de Bilbao» así como por el empleo de calidad asociado al mismo.
Sin embargo, tras la «oposición de los sindicatos a someter la cuestión a un procedimiento de arbitraje voluntario», se dan todas las condiciones para «establecer un arbitraje obligatorio por parte del Gobierno como ha confirmado la Abogacía del Estado y han solicitado tanto la Autoridad Portuaria de Bilbao como la totalidad de los agentes y operadores portuarios».
A juicio de Bilboestiba-CPE, la raíz de este conflicto se halla en los recientes cambios legislativos aprobados por medio de los Reales Decretos-ley 8/2017 y 9/2019 que proceden a dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. «Todo ello supone la transformación legal del régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías y afecta singularmente a las tareas complementarias, que ya no forman parte del servicio portuario de estiba y quedan excluidas de la negociación colectiva» como «reiteradamente ha señalado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y confirmado el Tribunal Supremo».
En cualquier caso, las empresas insisten en la necesidad de una «actuación urgente» ante la extraordinaria gravedad de la situación en la que se encuentra el puerto desde hace 48 días y «sus devastadores efectos tanto en el ámbito local como en el nacional», y que las empresas enumeran en «pérdidas muy importantes y sensibles de tráficos, perjuicios a multitud de empresas y agentes portuarios y un quebranto generalizado a la competitividad del sector logístico, industrial y manufacturero asociado al cuarto puerto español y primero de la cornisa cantábrica».
