01/12/2020 TRANSPORTE XXI

El organismo muestra su desconfianza hacia el modelo de recursos humanos implantado tradicionalmente en España, “cuya eficiencia debe justificarse” entre empresas competidoras.

No está convencida la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que preside Cani Fernández, de las bondades del pool en la estiba para asegurar la liberalización del sector dando carta de naturaleza a la legislación actual.

Esa es, al menos, la interpretación que fuentes del sector observan en su último informe, fechado el pasado 10 de noviembre, sobre el texto del V Acuerdo Marco de Estiba. En este informe, el organismo muestra “desconfianza” hacia el modelo de recursos humanos, implantado tradicionalmente en España, así como en cómo la patronal Anesco y los sindicatos han intentado moldear la legislación para frenar vía convenio la desregulación del sistema laboral de los estibadores.

Fuentes consultadas por  TRANSPORTE XXI explican que “lo que viene a decir la CNMC es que no le gusta el sistema de compartir recursos laborales entre empresas competidoras y contra eso, es el Gobierno, el que ha legislado, el que debe contestar”.

El organismo indica que el sistema de recolocación y subrogación de personal “puede solo considerarse conforme a derecho en la medida en que se acrediten y justifiquen caso a caso sus eficiencias (mejoras en la producción) y la asunción voluntaria de las obligaciones que del mismo se derivan”. Por ejemplo, el organismo explica que “el momento de la salida de una empresa del Centro Portuario de Empleo (CPE) no garantiza el cumplimiento de las exigencias de autoevaluación, ya que las mismas son preceptivas respecto de todo el sistema y no solo del mecanismo de salida”.

La CNMC entiende que “los potenciales efectos negativos de un acuerdo sobre la competencia deben verificarse desde la entrada en vigor del mismo para evitar la generación de efectos restrictivos de la competencia no compensables por las eventuales eficiencias generadas”. En su informe dice que “todas las mejoras de eficiencia deberán justificarse y los efectos procompetitivos derivados del acuerdo deben superar a los anticompetitivos”, matizando que “debe verificarse cuál es el vínculo entre el acuerdo y las eficiencias y alegadas y cuál es su valor”.

Tras conocer este informe, la patronal Anesco mostró su preocupación por la situación de incertidumbre y la falta de seguridad jurídica en el que se deja al sector, lo que “perjudica a la competitividad, así como a inversiones, tráficos y trabajadores”, solicitando “una participación más activa de las administraciones para encontrar una solución que sea compatible con el respeto absoluto a la legalidad”. La CNMC mostró por tercera vez, serias objeciones al convenio, indicando que hay limitaciones a la libre competencia.