El Proyecto de Ley de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal se está tramitando en estos momentos en el Congreso de los Diputados e incluye modificaciones que tanto transitarios como agentes de aduanas consideran deber ser revisadas.

Así lo vienen manifestando en las últimas semanas el Consejo General de Agentes de Aduanas y la Federación de Transitarios con distintos frentes abiertos para intentar que sus demandas sean tenidas en cuenta en el proceso de enmiendas. Las novedades incluidas en el texto normativo comportan, de forma generalizada, un “endurecimiento” de la responsabilidad del representante aduanero, “la cual nos acercaría a los países más duros en esta cuestión de la Unión Aduanera”, señala Antonio Llobet.

Este endurecimiento, “que sería insostenible”, detalla Llobet, “nos igualaría a países cómo Estonia, Letonia, Polonia y Chipre, lo que de confirmarse provocaría el desplazamiento de nuestra actividad a otros Estados de la UE con un régimen de responsabilidad del representante más favorable”.

Este hecho, además, tendría un efecto colateral, como es la “concentración” del mercado en los operadores de mayor tamaño que, según apunta Llobet, “serían los únicos que podrían aguantar este endurecimiento y, por tanto, habría un claro riesgo de pérdida de actividad para autónomos, pymes y micro pymes”.

“El efecto inmediato sería la pérdida de empleo en España como resultado de los impactos anteriores”, pues “si la actividad en España es menor y se concentra en menor número de empresas de mayor tamaño, el empleo se resentirá”, agrega Llobet.

Más costes financieros

Para el presidente de FETEIA, Enric Ticó, las novedades del Proyecto de Ley en materia aduanera tienen como objetivo principal asegurar el cobro del IVA a la importación no solo del sujeto pasivo o de su garante, sino también del representante aduanero, que no hay que olvidar “que es un mero prestador de servicios”.

Para ello, el nuevo Proyecto de Ley establece que el ámbito de actuación del representante aduanero deja de limitarse al periodo de tiempo en que la mercancía se encuentra dentro del recinto aduanero y se aumenta el plazo general de la normativa tributaria hasta los cuatro años.

De este modo, precisa Llobet, los representantes aduaneros pasarán a soportar mayores costes financieros como resultado de su nuevo régimen de funcionamiento.  “Además, existirá un elemento de mayor riesgo potencial en caso de que las entidades de crédito empiecen a considerar el mayor nivel de riesgo del representante a la hora de fijar el coste de las garantías”, añade.

En este sentido, Enric Ticó apunta que “en pleno año 2020, lo que tendría sentido es que el IVA a la importación pasara a ser un impuesto diferido o autoliquidable por su correspondiente sujeto pasivo en el país de la UE dónde se vayan a consumir los bienes o donde resida el importador, sin necesidad de que ningún representante aduanero tenga que pagar ni garantizar el IVA de su cliente”.

“El IVA es un impuesto neutro, que sólo debe gravar el consumo, al tipo que corresponda en el país donde se vaya a comercializar y que solo es deducible por parte del importador, por lo que deberían dejarnos a los representantes aduaneros fuera de ese círculo. Sin embargo, la realidad es la contraria, y nos hacen más y más responsables”, denuncia Ticó.

Sanciones

Por otro lado, dentro de los cambios que introduce el Proyecto de Ley hay que destacar el nuevo baremo sancionador.

“Ha de considerarse el impacto derivado del riesgo potencial de que tras la correspondiente modificación legal salga adelante el anunciado incremento de las sanciones por incumplimientos formales en materia aduanera”, ha advertido Llobet.

Por otra parte, el Anteproyecto de Ley contra el fraude pretende regular en la normativa española cuestiones reguladas en el CAU, que señala Ticó, “parecen no resultar del agrado” del legislador, como es la cuestión de la responsabilidad solidaria de los operadores cuando aportan las garantías en los despachos realizados con representación directa.

Aún con la esperanza de que “no salgan adelante”, Enric Ticó califica de “injustificadas” estas modificaciones de la normativa que “provocarán que nuestro colectivo tenga muchas más dificultades en el desarrollo de su actividad y aumente el riesgo de manera exponencial, creándonos situaciones de quiebra por potenciales impagos de la deuda tributaria de nuestros clientes”.

Así, el presidente de FETEIA considera que “no resulta procedente que un tercero se haga responsable de las deudas del sujeto pasivo”.

De hecho, señala que se trata de una medida “discriminatoria e inconstitucional”, puesto que los demás colectivos que prestan servicios frente a la Administración, -abogados, asesores fiscales o gestores administrativos- no están sometidos a esta obligación.

Riesgo

“Nos trasladan un riesgo financiero que no tiene razón de ser. Si estas medidas llegan a aplicarse, tendremos que comenzar a generar colchones de capital, como las entidades de crédito, puesto que uno de los aspectos más importantes de nuestra situación financiera pasará a ser el riesgo de mora por parte de los clientes, por absurdo que resulte”, afirma Ticó.

Según Ticó, en la situación en la que se encuentra el país, “no resulta procedente añadir un riesgo adicional a la viabilidad de empresas que, no solo han demostrado su capacidad de hacer las cosas bien antes y durante la pandemia, sino que llevan en su ADN ser colaboradores de confianza de la Administración; lamentablemente, la manera en que nos lo pagan es abocándonos a tener que afrontar graves problemas”, destaca el presidente de FETEIA.

En definitiva, este proyecto de Ley “supone un importante atropello a nuestra actividad ante el que deberemos ejercitar todas las actuaciones que correspondan, acudiendo incluso ante la Justicia europea”, denuncia Enric Ticó.

“Con este panorama será imposible ejercer la representación aduanera y auguramos el cierre de muchas empresas o la deslocalización de las mismas”, concluye Antonio Llobet.